• La Fiscalía ya ha ordenado la inocación de diligencias de investigación sobre este caso, que se remonta a 1998 y podría haber supuesto un perjuicio a las arcas públicas de más de 100.000 euros
  • El portavoz municipal, Jesús Alajarín, asegura que “no es comprensible que quieran arrojar luz sobre este asunto que afecta al dinero de todos los calasparreños”

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en Calaparra, Jesús Alajarín, ha lamentado “profundamente” la negativa a la constitución de una comisión de investigación municipal sobre el presunto caso de cobros ilegales por parte de ediles liberados de la corporación, que se podría remontar a 1998. “No es comprensible que el equipo de Gobierno no quiera arrojar luz sobre este delicado asunto, que afecta al dinero de todos los calasparreños y ensombrece el buen nombre del municipio”, ha señalado Alajarín después de que el Pleno, con los votos de PSOE e IU-Ganar Calasparra tumbara la propuesta de creación de dicha comisión en un pleno extraordinario convocado a instancias de Ciudadanos.

Alajarín ha desvelado durante la sesión que la Fiscalía del TSJ ya ha incoado diligencias de investigación penal sobre este asunto, que fue denunciado por el grupo municipal de Ciudadanos el pasado 18 de julio.“Independientemente del curso judicial, nuestra intención es depurar las posibles responsabilidades políticas derivadas de este caso, que poría haber supuesto un perjuicio a las arcas municipales superior a los 100.000 euros a través de cobros ilegales por asistencia a plenos y juntas de gobierno por parte de concejales liberados, algo taxativamente prohibido por la Ley de Bases de Régimen Local”, ha apuntado Alajarín.

El portavoz naranja también ha anunciado el inicio de acciones judiciales contra el alcalde, el socialista José Vélez, y otros miembros del equipo de Gobierno por presuntos delitos de injurias.

Desde Ciudadanos Calasparra se recuerda que en la actual legislatura hay cuatro liberados a tiempo completo, que según se desprende de la documentación aportada a la Fiscalía en su momento también habrían cobrado por asistencia a los órganos colegiados de manera presuntamente ilegal, e incluso sin haber asistido a dichas reuniones o sin haberse celebrado. Alajarín ha recordado “que uno de los liberados es el concejal de IU Ricardo García, que ha permitido con su apoyo que se siga produciendo este grave perjuicio de las arcas municipales, y que ha votado en contra de la constitución de una comisión de investigación que consideramos necesaria”.