• La formación naranja ha tenido conocimiento de que el titular de Concesiones Administrativas del Mediterráneo –la sociedad que se ha presentado para gestionar el JC1- ha constituido otras dos mercantiles, con domicilio social, curiosamente, en el edificio del JC1, en la Avenida Juan Carlos I

El portavoz de Cs, Mario Gómez, ha vuelto a reclamar a José Ballesta la inmediata paralización del expediente de adjudicación del JC1 a la empresa Concesiones Administrativas del Mediterráneo tras recabar informaciones sobre nuevas irregularidades en torno a este proceso.

Así, Gómez ha tenido conocimiento de que “el administrador de la sociedad cuestionada –por presuntas ilegalidades en el proceso de adjudicación del JC1- ha constituido, a finales del pasado febrero, otras dos mercantiles domiciliadas, curiosamente, en el edificio del JC1, situado en la avenida Juan Carlos I”.

Un hecho –ha apuntado – cuanto menos llamativo, si se tiene en cuenta que desde Ciudadanos ya se había puesto de manifiesto el cúmulo de irregularidades y falta de transparencia en el procedimiento de licitación del complejo deportivo JC1 que integra la concesión de un hotel, un edificio de oficinas y unas instalaciones deportivas.

Igualmente, el portavoz de Cs ha advertido del “trato de favor que, al parecer, está recibiendo la única empresa que ha optado a la concesión, lo que, sin duda alguna, vulneraría el procedimiento objetivo y de concurrencia competitiva al que obliga la Ley a las administraciones públicas”.

Más aún cuando la propia empresa -ha proseguido- obviando los mecanismos oficiales para aportación de la documentación de la oferta, ha mantenido contacto, vía correo electrónico, con el edil de Deportes, Felipe Coello, adelantándole información sobre negociaciones financieras que estaba llevando a cabo con una entidad bancaria, antes de que finalizara el plazo previsto para la presentación de plicas.

Por todo ello, Gómez ha pedido al alcalde de Murcia que, además de paralizar este procedimiento, convoque a los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento para analizar esta situación y así “evitar posibles tratos de favor, garantizar la transparencia del procedimiento, defender los intereses patrimoniales de los murcianos y la calidad del servicio público”.