El concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, ha manifestado que pedirá responsabilidades patrimoniales al alcalde José Ballesta, así como a sus concejales Roque Ortiz y Antonio Navarro, por su papel en la aprobación de Joven Futura en el año 2005, si el Ayuntamiento se ve perjudicado por unas obras irregulares que el propio Partido Popular aceleró y promovió de la mano del concejal Fernando Berberena, que aparentemente actuaba como gestor, retirando la protección a los terrenos de huerta para construir la urbanización Joven Futura a la que le otorgaron, mediante una modificación puntal, una edificabilidad de 1 m2/m2 acuñando el termino de “Alta Densidad” en el PGOU.
Para Mario Gómez, «los vecinos de Murcia no son responsables de la pésima gestión que hacen los viejos políticos, con decisiones tan insensatas como la autorización para construir Joven Futura sin cumplir con la Ley vigente, y no tienen que pagar los platos rotos de unos pésimos gestores que no nos merecemos. Por desgracia, son muchas las muestras de la indolencia política practicada por el partido popular, como el aeropuerto de Corvera (un aeropuerto sin aviones), que sale a los murcianos por 22.000 euros diarios, o la desalinizadora de Escombreras con una repercusión de 35.000 euros al día. Esperemos que el caso que nos ocupa no tenga consecuencias económicas para las arcas municipales, cuyos ingresos salen de los impuestos de todos los murcianos».
Tal y como explica el portavoz de Ciudadanos, «con acciones como la de Joven Futura lo único que demuestra el PP, una vez más, es el desacertado modelo urbanístico que han impuesto en las últimas dos décadas, desprotegiendo uno de los patrimonios e iconos más importantes que Murcia tiene, como es su huerta para garantizar a los suyos un aparente pelotazo urbanístico, y devastar un entorno de huerta, en detrimento de una serie de obras urbanísticas ilegales».
De esta forma, el edil de la formación naranja ha indicado que «aunque no lo hemos planteado, ni lo hemos puesto sobre la mesa, dada la gravedad de la circunstancias y la situación surgida en Joven Futura tras la resolución del Supremo, no descartamos emprender más medidas si, finalmente, nuestra máxima administración tuviese que indemnizar por las modificaciones del PGOU, aprobaciones, licencias o permisos dados de forma irregular».
