La formación presenta al Pleno del viernes también una iniciativa para paralizar el cobro de la Plusvalía y poner en marcha mecanismos para su devolución
“La economía sumergida supone un grave perjuicio a las arcas públicas y una clara competencia desleal frente a las empresas y emprendedores que sí cumplen sus obligaciones fiscales”, señala el portavoz naranja, Jerónimo Moya
Cehegín, miércoles 29 de marzo-. El grupo municipal de Cs en Cehegín va a presentar al próximo pleno una batería de medidas de lucha contra la economía sumergida, especialmente en el ámbito de la venta ambulante. Su portavoz, Jerónimo Moya, explica que la economía sumergida “supone un grave perjuicio para las arcas públicas y una clara competencia desleal frente a las empresas y emprendedores que sí cumplen con sus obligaciones fiscales”. Ciudadanos Cehegín propone reactivar el convenio en materia de lucha contra la economía sumergida firmado con la Comunidad Autónoma, a través de la comisión mixta de seguimiento del mismo, una comisión en la que Cs quiere incluir a un representante de cada partido representación en el Pleno.
Además, la formación naranja exigirá en el Pleno la regularización urgente del mercado semanal de Cehegín, actualizando y comprobando las licencias concedidas para la venta ambulante. “Entendemos además que el equipo de Gobierno debe poner en marcha de forma inmediata también el registro de vendedores ambulantes municipal, tal y como lo establece la Ley de Venta Ambulante o no Sedentaria regional”, apunta Moya.
Moratoria del Impuesto de la Plusvalía
Ciudadanos también va a presentar al Pleno una moción para impulsar la reforma de la Ley de Haciendas Locales con respecto a la recaudación del Impuesto de la Plusvalía, después de que el Tribunal Constitucional fallara que no puede gravar transmisiones de patrimonio inmobiliario que no hayan supuesto incremento del valor del mismo. Entre los acuerdos también se incluye solicitar a la Agencia Tributaria que ponga en conocimiento de ciudadanos y Ayuntamientos los casos en los que se han declarado minusvalías en los últimos cuatro años, al objeto de que los afectados puedan emprender las acciones conducentes a conseguir la devolución de las cantidades injustamente cobradas.