Los candidatos naranjas y la consejera Ballesteros celebran una reunión con el Colegio de Ciencias Políticas el mismo día que se registra en la Asamblea Regional la nueva legislación
Murcia, martes 5 de noviembre de 2019. “La lucha contra la corrupción ha sido, es y será la verdadera seña de identidad de Ciudadanos”. Así lo ha remarcado el candidato Miguel Garaulet tras la reunión mantenida con el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia, el día en que Ciudadanos ha registrado en la Asamblea Regional el texto de la “más avanzada y ambiciosa ley en materia de transparencia, regeneración, buen gobierno y lucha contra la corrupción”. Garaulet, acompañado de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros, y los candidatos José Luis Martínez y Pilar Muñoz han mantenido una reunión de trabajo con los responsables colegiales, en la que han mostrado los principales activos de la proposición de Ley de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción.
“Hemos dado numerosos ejemplos de ese compromiso por la regeneración y contra la corrupción en una región como la nuestra duramente sacudida por los escándalos”, ha destacado Garaulet, quien ha recordado que “Ciudadanos llegó a la política para esto: para limpiar las instituciones de imputados y expulsar de la vida pública a los corruptos”. A su juicio, el texto normativo -que incluye un centenar de artículos- “incide sobre todo en tres grandes ejes, que son el Gobierno Abierto, el Estatuto del Alto Cargo y el Sistema de Integridad Institucional”.
Aun así, a su juicio, “hay mucho trabajo pendiente y tenemos que buscar el máximo consenso en el debate parlamentario por parte de las fuerzas políticas que estén por este objetivo de lograr transparencia y regeneración y devolver la dignidad al servicio público a través de la política”. La proposición de ley regula los procesos de participación ciudadana, así como medidas de lucha contra la corrupción como la protección a los alertadores de conductas irregulares, especialmente los funcionarios, así como la regulación de los grupos de presión y ‘lobbies’. También incluye la obligatoriedad de que los altos cargos informen sobre su situación patrimonial tanto al iniciar como al finalizar su mandato. También se eliminan los tratamientos de ‘excelentísimo’ e ‘ilustrísimo’ de dichos altos cargos y se atribuye personalidad jurídica al Consejo de la Transparencia, del que no podrán formar parte los que hubieran estado afiliados a algún partido político en los 10 años anteriores.